Cuando se utilizan fondo públicos para pagar salarios o subvenciones a personas con el fin de resolver una situación de injusticia social se crean personas dependientes económicamente del estado.
Es preferible utilizar estos fondos en estimular la creación de puestos de trabajo adaptados o para resolver las causas de injusticia social, én lugar de crear dependientes.
Estos dependientes quedarán desamparados cuando el estado no tanga fondos suficientes para afrontar estos gastos.
Únicamente casos excepcionales de personas con graves enfermedades o grave discapacidad justifica este tipo de medidas.