La Carta Social Europea en su artículo 4 reconoce el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso.
Este derecho está relacionado con el salario mímimo profesional o con el comercio justo. Es un derecho fundamental para asegurar una distribución de la riqueza más justa y equitativa.
En términos económicos una remuneración justa aumenta el nivel adquisitivo y el acceso a bienes de consumo que es pilar fundamental de nuestro modelo productivo.