Existen empresas comprometidas con los derechos sociales y que generan impactos positivos en sus las comunidades donde realizan su actividad y en sus trabajadores y otras que no, que aplican políticas agresivas de explotación laboral y de las que obtienen un beneficio económico.
Las políticas pasivas de protección de los derechos sociales, protegen a los trabajadores para que las empresas no obtengan beneficios a costa de prácticas abusivas. Estas políticas son necesarias pero para ser efectivas requieren una gran inversión en personal y fondos públicos para controlar, denunciar y demostrar las malas prácticas empresariales y sancionar a las que no cumplen las legislaciones. Estas políticas no impiden que muchas empresas cambien sus centros de producción a países más permisivos para seguir con sus malas prácticas.
Hay políticas activas que reconocen e incentivan a las empresas que están comprometidas con los derechos sociales. De esta forma se reconoce a las empresas comprometidas de las que no , lo cual mejora su imagen y se convierte en una ventaja competitiva. Este tipo de prácticas modifica nuestro modelo productivo, por un modelo en el que a las empresas les compense actuar generando impactos positivos en la sociedad. Con este modelo el mercado se autoregula para ser más competitivo aplicando medidas de protección social.