Integración Laboral

Impulsaremos la economía social y sus diferentes organizaciones y empresas. Mejoraremos su representatividad y el diálogo institucional con las principales organizaciones de la economía social; reformaremos el régimen fiscal de las cooperativas y sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas; consideraremos la economía social como eje prioritario en las políticas de contratación pública, tanto para empresas de inserción, centros especiales de empleo y cooperativas.

Promoveremos un Plan de Empleo con Apoyo para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad, que incluya el aumento de los fondos para los Centros Especiales de Empleo (CEE), al menos, para compensar la reciente subida del salario mínimo, y elevar hasta el 10% el cupo de reserva en el empleo público.

Armonizaremos las rentas mínimas de inserción social en toda España para luchar eficazmente y de manera igualitaria contra la exclusión social. Hasta la fecha, cada Comunidad Autónoma ha desarrollado su propia renta mínima de inserción social, con distintas características, cuantías y requisitos para su acceso. Fijaremos unos requisitos comunes para todas estas prestaciones y estableceremos su financiación conjunta por las CCAA y el Estado.

Las rentas mínimas de inserción social son pagas que realizan las comunidades para asegurar unos mínimos ingresos a las personas en riesgo de exclusión social. Se asignan estas pagas independientemente de los motivos que han provocado que estas personas se encuentren en esta situación.

Incentivaremos la inserción laboral de las personas con responsabilidades familiares en riesgo de exclusión social. Ofreceremos ayudas sociales y de formación a las madres jóvenes y/o en situación de exclusión social y para madres menores de edad que no tengan respaldo familiar.

Aprobaremos una nueva Ley de Promoción de la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad, que contemplará medidas como incrementar la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, subvenciones por las adaptaciones del puesto de trabajo y ajustes razonables así como al empleo con apoyo, incentivos fiscales a empresas para la contratación de personas con discapacidad y que fomente la contratación pública socialmente responsable.