Derechos Sociales

Gracias a la presión de nuestro grupo parlamentario, en 2019 se ha producido la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en décadas, hasta los 900 euros mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser llegar inmediatamente a los 1000 euros y asegurar que esta cuantía se actualiza al nivel establecido en la Carta Social Europea en una legislatura: que el SMI sea, al menos, el 60 % del salario medio.

Aumentaremos gradualmente el salario mínimo interprofesional para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 4 de la Carta Social Europea y las recomendaciones del Consejo de Europa. La Carta Social Europea en su artículo 4 reconoce el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. En España las elevadas tasas de paro lastra el aumento de aumento de los salarios. Hay que fomentar la creación de puestos de trabajo de calidad para conseguir que aumenten los salarios. Sin embargo es salario mínimo asegura unos ingresos mínimos para personas con menor nivel de formación que no pueden acceder a mejores trabajos.  

En el modelo actual, hay un desajuste entre los ingresos realmente obtenidos por las personas que trabajan como autónomas y sus cotizaciones sociales, que perjudica, sobre todo, a las más precarias. No hay que olvidar que la tasa de pobreza entre las personas que trabajan como autónomas triplica en España la de quienes trabajan por cuenta ajena. Por ello, es urgente atender la situación de estas personas, que deben cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan y no con la desproporción actual.

Impulsaremos la economía social y sus diferentes organizaciones y empresas. Mejoraremos su representatividad y el diálogo institucional con las principales organizaciones de la economía social; reformaremos el régimen fiscal de las cooperativas y sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas; consideraremos la economía social como eje prioritario en las políticas de contratación pública, tanto para empresas de inserción, centros especiales de empleo y cooperativas.

Armonizaremos las rentas mínimas de inserción social en toda España para luchar eficazmente y de manera igualitaria contra la exclusión social. Hasta la fecha, cada Comunidad Autónoma ha desarrollado su propia renta mínima de inserción social, con distintas características, cuantías y requisitos para su acceso. Fijaremos unos requisitos comunes para todas estas prestaciones y estableceremos su financiación conjunta por las CCAA y el Estado.

Las rentas mínimas de inserción social son pagas que realizan las comunidades para asegurar unos mínimos ingresos a las personas en riesgo de exclusión social. Se asignan estas pagas independientemente de los motivos que han provocado que estas personas se encuentren en esta situación.