Acabar con los trabajos precarios

Aumentaremos gradualmente el salario mínimo interprofesional para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 4 de la Carta Social Europea y las recomendaciones del Consejo de Europa. La Carta Social Europea en su artículo 4 reconoce el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. En España las elevadas tasas de paro lastra el aumento de aumento de los salarios. Hay que fomentar la creación de puestos de trabajo de calidad para conseguir que aumenten los salarios. Sin embargo es salario mínimo asegura unos ingresos mínimos para personas con menor nivel de formación que no pueden acceder a mejores trabajos.  

Aprobaremos la Estrategia España Nación Emprendedora, para convertir la digitalización en palanca de creación de empleo y de reducción de desigualdades. También impulsaremos una Ley para la Promoción de Startups que tenga en cuenta sus especificidades y contemple incentivos fiscales para su financiación y desarrollo.

Gracias a la presión de nuestro grupo parlamentario, en 2019 se ha producido la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en décadas, hasta los 900 euros mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser llegar inmediatamente a los 1000 euros y asegurar que esta cuantía se actualiza al nivel establecido en la Carta Social Europea en una legislatura: que el SMI sea, al menos, el 60 % del salario medio.

Se estima que son ya 225 000 personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus cuotas. Como esto perjudica a los derechos de esas personas y priva de unos 600 millones al año a la Seguridad Social de todos y de todas, hay que darle la vuelta a esta situación.

Se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante. Al mismo tiempo, protegeremos a quien sufre el fraude —es decir, a la o el falso autónomo— y obligaremos a la empresa a incorporar a esa persona con un contrato indefinido y a abonar su afiliación a la Seguridad Social, así como otros derechos que hubiera generado si, desde el inicio de su relación laboral, hubiera estado contratada de manera legal. Además, iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador a la altura del fraude.

Promoveremos un Plan de Empleo con Apoyo para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad, que incluya el aumento de los fondos para los Centros Especiales de Empleo (CEE), al menos, para compensar la reciente subida del salario mínimo, y elevar hasta el 10% el cupo de reserva en el empleo público.

Estableceremos un Complemento Salarial Garantizado para luchar contra la pobreza laboral que causa el abuso de la temporalidad en nuestro país. Queremos estimular el empleo, acabar con la precariedad y garantizar salarios dignos con fórmulas efectivas y modernas que han tenido éxito en otros países de nuestro entorno. Procederemos la implantación progresiva de este Complemento Salarial, empezando por los trabajadores jóvenes.

Crear un sello de calidad turística. Junto con las comunidades autónomas, crearemos un sello de reconocimiento de la calidad turística para los establecimientos que respeten los derechos laborales y cuiden su entorno. Esta red de establecimientos, que se promocionará por diversos canales y se incluirá en una plataforma digital pública de servicios turísticos con sello de calidad, será la primera línea de visibilización de una red de turismo sostenible, de calidad y que apueste por la modernización, la desestacionalización y la descentralización de este sector.

Garantizaremos los derechos y las mejoras laborales de las camareras de piso (las kellys) con  sello de calidad turística que, entre otros criterios, reconozca a los establecimientos turísticos que cuidan y protegen los derechos de sus empleados y empleadas.

Aprobaremos una nueva Ley de Promoción de la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad, que contemplará medidas como incrementar la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, subvenciones por las adaptaciones del puesto de trabajo y ajustes razonables así como al empleo con apoyo, incentivos fiscales a empresas para la contratación de personas con discapacidad y que fomente la contratación pública socialmente responsable.