Reduce los márgenes de beneficios de las empresas

Aumentaremos gradualmente el salario mínimo interprofesional para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 4 de la Carta Social Europea y las recomendaciones del Consejo de Europa. La Carta Social Europea en su artículo 4 reconoce el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. En España las elevadas tasas de paro lastra el aumento de aumento de los salarios. Hay que fomentar la creación de puestos de trabajo de calidad para conseguir que aumenten los salarios. Sin embargo es salario mínimo asegura unos ingresos mínimos para personas con menor nivel de formación que no pueden acceder a mejores trabajos.  

Gracias a la presión de nuestro grupo parlamentario, en 2019 se ha producido la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en décadas, hasta los 900 euros mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser llegar inmediatamente a los 1000 euros y asegurar que esta cuantía se actualiza al nivel establecido en la Carta Social Europea en una legislatura: que el SMI sea, al menos, el 60 % del salario medio.

Se estima que son ya 225 000 personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus cuotas. Como esto perjudica a los derechos de esas personas y priva de unos 600 millones al año a la Seguridad Social de todos y de todas, hay que darle la vuelta a esta situación.

Se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante. Al mismo tiempo, protegeremos a quien sufre el fraude —es decir, a la o el falso autónomo— y obligaremos a la empresa a incorporar a esa persona con un contrato indefinido y a abonar su afiliación a la Seguridad Social, así como otros derechos que hubiera generado si, desde el inicio de su relación laboral, hubiera estado contratada de manera legal. Además, iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador a la altura del fraude.